Una promesa que crece más rápido que los datos que la respaldan
En diciembre de 2025, el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, encabezó la graduación de 1,560 niños del nivel inicial de inglés del Programa de Esfuerzo, Orientación y Apoyo (PROA). La ceremonia se hizo en la Iglesia Bautista Ozama, con la presencia de autoridades municipales y comunitarios. Medios locales cubrieron el evento y hasta hubo comunicadores proponiendo que otras alcaldías «repliquen el modelo».
Meses después, sin una segunda graduación pública documentada de por medio, la meta oficial saltó a 3,000 niños en 16 centros distribuidos por todo el municipio para 2026. Es decir: la cifra prácticamente se duplicó en el discurso oficial antes de que exista evidencia pública de que el número de egresados haya crecido en la misma proporción.
Ese salto —de un hecho verificado (1,560 graduados) a una proyección política (3,000 en 16 centros)— es el primer punto que merece escrutinio. No hay nada de malo en tener metas ambiciosas. El problema es cuando la meta se presenta con el mismo peso retórico que el logro ya cumplido, sin que medie ninguna aclaración de que se trata de una proyección.
Los números que sí existen (y los que no)
Lo verificable, según cobertura de prensa independiente, es esto:
- 1,560 niños graduados del nivel inicial en la primera promoción (diciembre 2025).
- El programa incluye, además de inglés, música, deporte, cultura y formación en valores.
- Se imparte en espacios cedidos por terceros —como el auditorio de una iglesia—, no en infraestructura propia construida por el ayuntamiento.
Lo que no aparece en ningún comunicado, boletín institucional ni cobertura de prensa revisada:
- Cuánto cuesta el programa por niño o de forma agregada.
- De qué renglón exacto del presupuesto municipal sale el dinero.
- Cuántos maestros están contratados, bajo qué modalidad y con qué remuneración.
- Si existen convenios formales con las 16 sedes mencionadas, o si son acuerdos informales revocables.
- Si hay superposición de fondos con el programa estatal «Inglés de Inmersión para la Competitividad» del MESCYT, que opera en paralelo en el mismo municipio.
Este último punto no es menor: el gobierno central ya tiene un programa de bilingüismo activo en Santo Domingo Este, con financiamiento propio y sedes como la extensión de la UASD. Si PROA se apoya, aunque sea parcialmente, en esa infraestructura o en alianzas con iglesias y fundaciones, la pregunta legítima es cuánto de «el programa del alcalde» es en realidad gestión municipal directa y cuánto es la alcaldía capitalizando políticamente esfuerzos de otras instituciones.
El contraste que delata el vacío
Lo llamativo es que la propia Alcaldía de Santo Domingo Este sí sabe rendir cuentas con cifras exactas cuando quiere. En el Presupuesto Participativo Municipal 2026, el ayuntamiento publicó que ejecutará 100 obras comunitarias con una inversión de RD$300 millones, detallando que cada obra tendrá un costo de RD$3 millones, con 148 contratistas seleccionados de 165 inscritos, organizados en 18 lotes.
Ese nivel de detalle —montos por unidad, número de participantes, criterios de selección— es exactamente lo que falta en todo lo publicado sobre PROA. No es que la institución carezca de la capacidad técnica para reportar cifras desagregadas: es que, en este programa en particular, no lo ha hecho.
Por ley (176-07), los ayuntamientos deben destinar un porcentaje de su presupuesto a educación y salud combinados. En años recientes, el presupuesto total del cabildo de Santo Domingo Este rondó los RD$2,200-2,300 millones anuales, lo que —de aplicarse ese porcentaje legal— dejaría un margen limitado para financiar en solitario un programa de la escala que se anuncia para 2026. Esa aritmética básica, que cualquier concejo de regidores debería poder explicar en una sola tabla, sigue sin estar disponible públicamente.
Preguntas que un pedido de información pública debería responder
- ¿Cuál es el presupuesto total ejecutado y proyectado para PROA en 2025 y 2026, desglosado por partida?
- ¿Cuántos de los «16 centros» son instalaciones propias del ayuntamiento y cuántos son espacios cedidos por terceros (iglesias, escuelas públicas, fundaciones)?
- ¿Existe algún convenio de cofinanciamiento con el MESCYT o con el programa estatal de Inglés de Inmersión?
- ¿Cuántos niños están efectivamente matriculados hoy, y cuántos corresponden a la meta aún no alcanzada de 3,000?
- ¿Hay una auditoría, interna o de la Cámara de Cuentas, sobre la ejecución de este programa?
Ninguna de estas preguntas tiene, hasta la fecha, una respuesta pública y verificable. Y en un país donde la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04) obliga a las instituciones estatales —incluidos los ayuntamientos— a entregar esta información cuando se solicita, la ausencia de una rendición de cuentas proactiva sobre un programa que se promociona como bandera política es, cuando menos, una anomalía que merece ser señalada.
Una nota de cautela necesaria
Nada de lo anterior prueba, por sí solo, malversación ni que el programa sea falso: hay evidencia de que PROA existe y que al menos 1,560 niños se graduaron. El punto central de este artículo no es acusar sin pruebas, sino señalar algo más simple y más grave en sus implicaciones: una institución pública está anunciando una meta que casi duplica su logro anterior, sin publicar el sustento financiero ni operativo que la haga verificable. Esa opacidad, no la existencia del programa en sí, es lo que debería cuestionarse —y lo que un pedido formal de acceso a la información pública podría, y debería, resolver.
Este artículo se basa en cobertura de prensa pública disponible (El Nuevo Diario, Diario Libre, El Caribe, boletines institucionales de la Alcaldía de Santo Domingo Este) hasta septiembre de 2026. No se tuvo acceso a documentos presupuestarios internos ni a respuestas oficiales de la Alcaldía sobre las preguntas planteadas.
